12-F: juicio a los golpistas

El próximo martes 12 de febrero, se sentarán en el banquillo de la sala de lo penal del Tribunal Supremo algunos de los dirigentes políticos que desde las dos principales  instituciones de autogobierno de Cataluña, el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña, organizaron y financiaron el proceso insurreccional que culminó con la proclamación de la república independiente de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Junto a ellos estarán Sánchez y Cuixart, los presidentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente, que jugaron un papel importante, poniendo todos sus recursos económicos y humanos al servicio del proceso de sedición y rebelión. Lamentablemente, no veremos el martes en el banquillo al expresidente Puigdemont y a cinco de sus entonces consejeros, que salieron huyendo nada más proclamarse la república catalana, y hoy son prófugos de la justicia española.

Más allá de la calificación jurídica de los hechos que se van a juzgar en el Tribunal Supremo, sedición para la Abogacía del Estado, y rebelión tanto para la Fiscalía del Estado como para la acusación particular que representa el partido político VOX, lo verdaderamente trascendente es que desde enero de 2016, el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña aprobaron varias resoluciones inconstitucionales en las que diseñaban y ponían en marcha un proceso constituyente que debía culminar con la proclamación de la república independiente de Cataluña. En cuanto a su actitud, hay una imagen que vale por mil palabras: la fotografía en que se ve al entonces presidente Puigdemont posando junto a las cinco requisitorias incumplidas que le había hecho el Tribunal Constitucional. Ningún tribunal en ningún lugar civilizado del mundo permitiría semejante mofa.

Los hechos se precipitaron los días 6 y 8 septiembre de 2017, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó dos leyes abiertamente inconstitucionales: la ley del referéndum de autodeterminación cuyo objetivo manifiesto era proporcionar cobertura legal a un referéndum de autodeterminación cuy celebración se había fijado el 1 de octubre de 2017, y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república que anulaba la Constitución de España y el Estatuto de Cataluña, así como todo el resto del ordenamiento jurídico español incompatible con las previsiones establecidas en esta norma que sentaba las bases del nuevo orden republicano.

El día de 20 de septiembre, la policía judicial se personó en la Consejería de Economía para incautar información relacionada con la financiación de la mencionada consulta del 1-O. La noticia se puso en conocimiento de presidentes de la Asamblea y Òmnium, que inmediatamente convocaron a sus asociados con la intención de cercar a la Policía Judicial que estaba registrando la Consejería. Todos vimos a Sánchez y Cuixart arengando desde el techo de un vehículo de la Policía Judicial a quienes habían convocado allí, convocados por ellos, y el lamentable estado en que dejaron varios vehículos policiales. La Policía Judicial tuvo que abandonar la Consejería a hurtadillas por otro edificio para no poner en riesgo su integridad.

Pese a las medidas cautelares dictadas que exigían cerrar los lugares elegidos para instalar las urnas el 1-O, los centros escolares públicos fueron ocupados por grupos organizados el viernes 29 y el sábado 30 con la excusa de celebrar la fiesta del otoño e impedir que se cerraran como había ordenado una juez. En la madrugada del 1-O, las urnas llegaron a estos centros sin que los Mozos hicieran nada para impedir su distribución, y en algunos casos fueron recibidas por los propios alcaldes ufanos de la hazaña. Cuando miembros de los Mozos de Escuadra se personaron en los centros en la mañana del 1-O, la policía autonómica se limito a comunicar a sus superiores que no podían cerrar los centros ocupados ni requisar las urnas como era su obligación.

En los contados casos en que miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional se personaron en los centros de votación, grupos organizados denominados Comités de defensa del referéndum se resistieron a dejar entrar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados y se produjeron varios incidentes violentos de muy escasa entidad. El propósito de todo el montaje era enviar al mundo el mensaje de que la democracia española es imperfecta y los catalanes un pueblo oprimido al que se le impide por la fuerza votar. Nada más lejos de la realidad. Los catalanes votan cuando tienen que votar y la mayoría de catalanes ni nos acercamos ese día a las urnas instaladas en los centros de votación. Toda una estrategia orquestada y dirigida por Puigdemont y Junqueras, los máximos responsables de todos los sucesos ocurridos antes y después del 1-O.

El aquelarre culminó el 27-O cuando el entonces presidente del gobierno de la Generalidad, el Sr. Puigdemont, presionado por su vicepresidente el Sr. Junqueras, que sí está en prisión y se sentará en el banquillo, se retractó de convocar elecciones y siguió adelante con el plan de votar una resolución en el Parlamento en la que se proclamaba la república independiente de Cataluña. A partir de ahí, sus caminos se separaron: Puigdemont y varios consejeros decidieron escaparse con sigilo hacia Francia ese mismo fin de semana e instalarse casi todos ellos en Bélgica. Puigdemont y quienes decidieron quedarse llevan algo más de un año en prisión preventiva.

Ha pasado un año y cuatro meses de aquellos tristes acontecimientos y la sociedad catalana es una sociedad tan dividida que, incluso quienes alimentaron la división como Puigdemont y Junqueras, están hoy más separados que nunca. La exconsejera Ponsatí declaró hace unos días que todo fue una suerte de partida de póquer y que ellos iban de farol. Me parece estupendo. El hecho cierto es que todos ellos se sentaron a la mesa a jugar una partida y al resto de jugadores nada nos importa si sus cartas eran buenas o malas, si iban o no de farol. Lo único relevante es que perdieron la partida y ahora les toca pagar su apuesta, y la factura que dejaron impagada es  bastante gorda.

Como economista, reclamo a aquel gobierno de la Generalidad en el que Ponsatí era consejera de (mala) Educación el 1-O, los 87 millones que el Estado español gastó en tratar de impedir la realización de la ilegal consulta, y les pido cuentas también por las más de 5.350 sociedades que trasladaron su sede fuera de Cataluña desde el 1-O de 2017 hasta septiembre de 2018, entre ellas todas las del Ibez 35. Y como ciudadano catalán y español, les exijo a todos ellos reparaciones por haber dividido a la sociedad catalana y haber convertido Cataluña en un lugar inhóspito donde cualquier indigente mental puede acusar a cualquier  catalán de ser fascista, si no comparte sus planes autoritarios y profundamente reaccionarios revestidos de falsos oropeles democráticos y republicanos.

Me temo que quienes el martes van a ser juzgados no van a pagar ni una parte pequeña de la enorme factura que tienen pendiente con los catalanes, pero espero al menos que la pena que les imponga el Tribunal Supremo sirva que se lo piensen dos veces antes de sentarse a jugar la próxima partida de póquer. Sánchez tiene las manos cada vez más atadas por las esposas del secesionismo y la rebelión de sus varones hartos ya de sus concesiones para sacar adelante los PGE 2019.

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