ANC y AMI: la ofensiva continúa

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2019

La victoria del equipo que apoyaba la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona pone de manifiesto lo que puede lograr un pequeño grupo de activistas cuando cuentan con un gran presupuesto y el aval institucional de la Generalidad de Cataluña. El Sr. Valls, presidente saliente, comenzó criticando la falta de inversiones del Estado en Cataluña, pasó a sumar su institución al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que impulsó Mas desde la presidencia del gobierno de la Generalidad, y ha terminado su mandato dejándola en manos de la ANC. En elecciones donde sólo participa un porcentaje muy reducido del censo, como ocurre también en las elecciones claustrales o sindicales en las Universidades, resulta casi un juego de niños para un grupo organizado hacerse con su control. Según los resultados oficiosos publicados, sólo votaron el 4 % de los socios y la candidatura de la ANC logró 31 de los 40 puestos en disputa, aunque el asunto puede acabar en los tribunales.

De confirmarse este audaz golpe de mano, la ANC pasaría a dirigir una institución mercantil con un presupuesto de casi 20 millones de euros y notable influencia en los ámbitos económicos y mediáticos de Cataluña.  Según puede leerse en la página de internet de la asociación secesionista, “el independentismo ha vuelto a ganar” porque “el empresariado catalán ha decidido votar independencia y hacer efectiva la República catalana”. La ANC no oculta a nadie sus planes si logra controlar la histórica institución barcelonesa: “hacer un viraje de 180 grados hacia el tejido empresarial catalán, priorizando las PIME y los autónomos para alejarse y desconectar de la oligarquía estatal”, cuya representación en la Asamblea de la Cámara está garantizada por sus aportaciones económicas. Acusa a la dirección saliente de haber vivido durante décadas “de espaldas al empresariado catalán” y se preparan para “priorizar el compromiso con el país” y establecer “un plan estratégico sobre el modelo económico de la república catalana” que contempla, junto a medidas populistas como “la eliminación de los peajes amortizados”, la potenciación de “infraestructuras clave de país donde la Cámara tiene presencia, como la Feria, el puerto o el aeropuerto”.

Nada nuevo, señores. Quiero recordar que Expansión alertaba en octubre de 2017 sobre los planes de la ANC para hacerse “con el control de infraestructuras como los puertos de interés general –Barcelona y Tarragona– y los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus (Tarragona), el mismo día de la declaración de independencia”. Ojo, porque los efectivos de la Guardia Civil destacados en estas infraestructuras estratégicas difícilmente podrían hacer frente a una ‘marcha verde’ promovida por la ANC, e integrada por miles de ciudadanos con los CDR’s en la vanguardia y los 17.000 Mozos en la retaguardia. No, no estoy delirando: la belicosa Palazui ya planteaba este escenario de confrontación frontal cuando era decana de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona.

Tras la declaración unilateral de independencia, la actual presidenta de la ANC proponía tomar por la fuerza, con el apoyo de los Mozos de Escuadra, “el control de todas las instituciones públicas en Cataluña” incluyendo la Justicia, la administración tributaria, las centrales nucleares, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos. Nadie puede saber qué sentencia dictará el Tribunal Supremo a los golpistas que están siendo juzgados por los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, pero para los constitucionalistas está muy claro lo ocurrido: un intento de golpe de  Estado. En particular, los hechos acaecidos frente a la consejería de Economía el 20 de septiembre fueron un ensayo general del plan insurreccional de la ANC liderado por Jordi Sánchez, el antecesor de Palazui al frente de la ANC, y Cuixart, el líder de Òmnium. Estos días hemos sabido que Sánchez ‘El Apaciguador’ en realidad se comportó como el prepotente dictador que ordenaba a las fuerzas de intervención de los Mozos lo que tenían que hacer y amenazaba a los mandos con represalias si osaban contrariar sus órdenes.

El problema es que aunque Sánchez está ahora en la cárcel, la ANC sigue intacta y si acaso más fuerte que hace dos años, al igual que Òmnium y la Asociació de Muncipis per la Independencia (AMI). Hace unos días, por cierto, me dirigí a la secretaría de la AMI para solicitar información sobre las aportaciones realizadas por los Ayuntamientos adheridos al presupuesto de la entidad, oficialmente cifrado en 348.354,50 euros en 2018. Y digo oficialmente, porque no tengo ninguna duda de que parte de los gastos de organización y de los desplazamientos para asistir a las reuniones del Comisión Ejecutiva, el Consejo Directivo y la Asamblea General de la AMI recaen sobre los Ayuntamientos. Pues bien, en la atenta respuesta que recibí se me hacía saber que “la asociación ofrece la información a la que usted hace referencia en la asamblea anual de socios”. Conclusión: los ciudadanos y contribuyentes catalanes no podemos saber cuánto dinero aportamos a través de nuestros Ayuntamientos a “un movimiento que aglutina a todas les sensibilidades políticas y que trabaja única y exclusivamente per la independencia de Catalunya”. ¿Quieren saber cuál es la última campaña de la AMI presentada el pasado 6 de mayo? Pedir a los concejales que salgan elegidos el próximo 26-M que juren sus cargos por la república. Tomen buena nota.

 

Deixa un comentari

*

captcha *