¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?

El programa de gobierno de Sánchez para los próximos meses resulta bastante previsible: aguantar todo el tiempo que pueda en La Moncloa, aprovechar todos los resortes que el poder le ofrece (y son muchos, déficit incluido) para mejorar sus perspectivas electorales, y convocar elecciones en el momento que considere más conveniente, probablemente en la segunda mitad de 2019.

Aunque con 84 diputados y 44 senadores su Gobierno dispone de un margen de maniobra nulo, hay que reconocerle al secretario general del PSOE y presidente accidental de España su gran habilidad para extraer el máximo provecho de la precaria situación en la que se encontraba su partido a finales de mayo, con Podemos y sus divergencias (Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, En Comú, Compromís, En Marea…), no ya pisándoles los talones, sino subidos a sus barbas.

Para evitarse los conflictos que habrían surgido con Podemos y sus divergencias y emborronado los primeros meses de su mandato, Sánchez se apresuró a dar por bueno el presupuesto ‘antisocial’ y ‘low cost’ de Montoro, aunque la ministra Calviño ya anunció en Bruselas que incumplirá con holgura el objetivo de déficit. Por otra parte, el presidente no tuvo reparo alguno en recibir al racista y xenófobo Torra, president subrogado del gobierno de la Generalitat, que acudió son su insolente lazo amarillo en la solapa a La Moncloa, y abandonó palacio con la certidumbrede que los golpistas encarcelados (Bassa, Cuixart, Forcadell, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez y Turull) estarían pronto bajo su jurisdicción, como así ocurrió pocos días después. La conversación Sánchez-Torra fue tan requetebién que Aragonés (ERC), su vicepresident, acudió de inmediato a Madrid barretina en mano a reclamar a Montero 6.000 millones para dar continuidad al ‘diálogo’ bilateral.

¿Bastará con más déficit?

No le resultará, sin embargo, a Sánchez tan sencillo lograr los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2019 cuando sus avalistas le exijan en otoño algo más que exhumaciones y gestos de buena voluntad. De momento, la ministra Montero confirmó hace unos días la “magnífica noticia” de que el Gobierno había revisado al alza el déficit de las Administraciones Públicas en medio punto porcentual del PIB, y se elevará en 2.500 millones el déficit de las Comunidades Autónomas. En concreto, la nueva senda ratio déficit/PIB en porcentaje pasa a ser 2,7 en 2018, 1,8 en 2019, 1,1 en 2020 y 0,4 en 2021. En otras palabras, las Administraciones Públicas seguirán incurriendo en déficits y el equilibrio presupuestario no se alcanzará –cuán largo me lo fiáis, amigo Sánchez– hasta 2022.

Disiento de la Ministra en que sea una magnífica noticia para una economía tan endeudada y vulnerable como la española, cuya tasa de crecimiento en 2019 podría descender incluso más de las cuatro décimas previstas (de 2,8 a 2,4 por ciento) en la última estimación de consenso de Funcas, si como parece probable la guerra comercial desencadenada por Trump desacelera el crecimiento global y aumenta la incertidumbre inversora. Tampoco resulta creíble la nueva senda de consolidación que contempla una reducción del ratio déficit/PIB de tan sólo 4 décimas en 2018 (de 3,1 a 2,7) y un recorte de 9 décimas en 2019 (de 2,7 a 1,8), pese a las previsiones de menor crecimiento del PIB y previsible aumento del gasto en año electoral. En el “escenario macroeconómico y presupuestario” realizado por la Airef, se estima que dicho ratio pasará de 2,7 a 2,2 por ciento, pese a contemplar un crecimiento del PIB algo más elevado (2,6 %). Montoro, acusado tantas veces de ‘trilero’ por el PSOE, parece haber encontrado en Montero una digna sucesora al título: nadie le impide a la Ministra impulsar “la agenda social”, lo único que se le pide es que no lo haga incrementando el déficit.

Para reducir casi un punto (desde el 2,7 al 1,8 por ciento) el ratio déficit/PIB en 2019, el déficit tendría que recortarse en casi 11.000 millones, suponiendo un crecimiento del PIB nominal del 4,4%. El Gobierno ha anunciado su intención de recaudar 5.000 millones aumentando los tipos del impuesto de sociedades al 15 % “para los grandes grupos” y los impuestos especiales al diesel para usuarios no profesionales. Asimismo, Sánchez quiere dos impuestos nuevos, sobre transacciones financieras y  empresas tecnológicas, y diseñar un nuevo plan contra el fraude. Quedaría todavía un agujero de 6.000 millones y Sánchez guardará celosamente sus intenciones hasta que envíe su plan a Bruselas el 15 de octubre. Va a resultarle arduo a Sánchez contentar a todos los avalistas que aguardan su oportunidad de pasar la bandeja.

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Como ya he mencionado, el primero en acercase por caja fue Aragonés que reclama a Montero 6.000 millones: 688 para los desleales Mossos; 3.700 millones por incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut entre 2008-2013; y otros 1.500 millones a cuenta de la Ley de Dependencia. (Por cierto que Aragonés, desempeñó, según la Policía Judicial, un papel clave en el desvío de 3,4 millones del ‘fondo de contingencia’ para financiar el 1-O). Calvet (JxC), conseller de Política Territorial, pretende obtener también 1.000 millones de “Madrid” para indemnizar a Acciona por los perjuicios ocasionados por la frustrada privatización de la gestión de la empresa Aguas Ter-Llobregat. El asunto tiene guasa habida cuenta que los políticos y los empleados públicos están mucho mejor pagados en Cataluña que la mayoría de sus pares en el resto de España, y que el gobierno de la Generalitat ha recibido la friolera de 76.771 millones de los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Ministerio de Hacienda, esto es, el 30,7% de los 249.665 millones inyectados a todas las Comunidades entre 2012 y 2018.


No serán los últimos gobernantes autonómicos que exijan más recursos o soliciten la condonación de la ingente deuda acumulada con el Gobierno en los últimos siete años. En la mesa de peticiones se acumulan también derechos reconocidos en las leyes ‘sociales’ paralizadas que Sánchez ha ofrecido revisar, la actualización de las pensiones con el IPC, los aumentos de plantilla y las subidas salariales a empleados públicos acordadoscon los sindicatos, el reconocimiento del derecho a recibir atención sanitaria de los inmigrantes ilegales, la eliminación del copago en los medicamentos para pensionistas, la supresión de peajes en las autopistas, etc. Un Estado que reconoce más y más derechos sin provisionar recursos para hacerlos efectivos, acaba incurriendo en déficits insostenibles y acumulando una deuda ingente que hipoteca a las generaciones futuras. Es la historia de la última década.

Iglesias destronado

La gran pregunta es cuánto tiempo aguantarán Podemos y sus divergencias respaldando al Gobierno del PSOE en el Congreso, porque cada minuto que Sánchez pasa en La Moncloa el conglomerado socialista y feminista (cada vez menos revolucionario y anticapitalista) pierde fuelle y el liderazgo de Iglesias se diluye como azucarillo en agua. Su gran error estratégico en esta guerra por el trono de la izquierda fue apoyar a Sánchez en la moción de censura sin exigirle como contrapartida formar un gobierno de coalición. Todas las encuestas realizadas desde el 1 de junio muestran, sin excepción, como la llegada de Sánchez a La Moncloa ha catapultado las expectativas electorales del PSOE y ha hundido las de Podemos, desvaneciendo la pretensión del conglomerado morado de convertirse en la fuerza hegemónica. Iglesias, salvo que haya decidido retirarse a su casa campestre, tendrá que medir mejor sus pasos a partir de ahora, y no hacerse falsas ilusiones, porque si Sánchez gana las próximas elecciones volverá a pactar de nuevo con Rivera.


Fuente: Expansión

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