El lío de las hipotecas

Primero, voy a intentar explicar sucintamente a los oyentes en qué consiste el lío de las hipotecas. A continuación, me referiré a las desaforadas reacciones que ha suscitado la sentencia del TS entre  prestatarios, líderes de partidos políticos y, sobre todo, el mismo Gobierno de España, y les diré por qué, como economista, estoy en total desacuerdo con estas expresiones y apelaciones a los instintos más bajos (que paguen otros) y devuelven la política a su forma más primitiva y grosera: gritar (o golpear) más o con más fuerza que tu vecino.

El Tribunal Supremo ha conseguido liarla parda al publicar en el mismo año tres sentencias contradictorias. Hasta el 17 de octubre, las sentencias del TS mantenían el criterio aplicado desde 1995 de que fuera el adquirente de un inmueble quien abonara el impuesto sobre actos jurídicos documentados, un gravamen relativamente menor que supone un desembolso de entre 0,5 y 1,5 por ciento del precio de la compraventa, según las CC. AA. Pues bien, la sentencia de 17 de octubre de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo mantenía que la obligación de ingresar el impuesto recaía sobre la entidad financiera, esto es, el prestamista, en lugar del prestatario como había sido habitual. De los seis magistrados, 4 votaron a favor, uno en contra y otro incluyó un voto particular.

Ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre económica originada por el súbito cambio de criterio, el Tribunal Supremo decidió congelar la sentencia y convocar el pleno de la Sala para estudiar la situación creada. Entretanto, las entidades financieras perdieron cerca de 6.000 millones en Bolsa ante la perspectiva de tenerse que hacer cargo del impuesto incluso con carácter retroactivo. Tras dos días de deliberaciones, el plenario de la Sala del TS decidió el 6 de noviembre por un estrecho margen de 15 a 13 mantener la interpretación tradicional de modo que sea el prestatario quien asuma el pago del impuesto. Las reacciones al nuevo cambio de interpretación del TS no se hicieron esperar. Las asociaciones de consumidores, los tenedores de hipotecas y algunos partidos políticos emitieron gruesas descalificaciones del TS (vendido a la banca) y exigieron al Gobierno una inmediata rectificación. El presidente Sánchez salió inmediatamente a escena el 7 de noviembre y prometió reformar el impuesto para que a partir de ahora lo pague la banca. Dicho y hecho, el Consejo de Ministros aprobó el 8 de octubre un Real Decreto Ley que si bien debe ser validado en el Congreso, entró en vigor ayer mismo, 10 de noviembre.

Dos cosas quiero dejarles claras.

Primera, la gestión del TS ha sido lamentable. No puede la más alta instancia de nuestro sistema judicial cambiar de criterio tres veces en unos meses. En mi opinión, el primer disparate fue cambiar la interpretación de una norma después de 23 años de haberla aplicado sin cuestionarla. Si la norma, como algunos mantienen, es injusta, habrá que aceptar que lo ha sido durante los gobiernos de González, Aznar, Zapatero, Rajoy y hasta del propio Sánchez. Y si la norma presenta ambigüedades y es susceptible de interpretaciones contradictorias, como también se ha dicho para justificar el cambio de interpretación, el TS y el CGPJ deberían haberlo advertido al Ejecutivo para que procediera a clarificar la ley. Pero en ningún caso debería haber cambiado la interpretación sin advertir sus consecuencias y mucho menos dejar abierta la puerta a una aplicación retroactiva que podría haber originado un enorme perjuicio a las entidades financieras que realizan una función esencial para que fluya el crédito y funcione la economía.

Segunda, Sánchez y Rivera se equivocan cuando dicen que este impuesto lo pagarán los bancos. Lo pagarán los clientes de los bancos de una forma u otra. Una cosa es quien realiza el ingreso del impuesto, que va a ser la banca tras el cambio de la ley, y otra cosa muy distinta sobre quién recaerá. Los bancos asumirán el pago del impuesto que pasará a ser un coste más de las entidades financieras y que, al igual que los salarios de los empleados, los costes de los equipos informáticos y los cajeros automáticos serán repercutidos en los precios de los servicios bancarios. No tengan ninguna duda al respecto: las entidades financieras ingresarán el impuesto a partir del lunes, pero elevarán algo los tipos de interés que pagamos por los créditos para resarcirse. Cuando Sánchez y Rivera nos dicen que el impuesto lo pagarán los bancos, están haciendo populismo económico, una forma algo pedante de decir que nos están dando gato por liebre, o simplemente que están engañando a los españoles diciéndonos lo que deseamos oír aunque no sea cierto. Si realmente les preocupara el bienestar de los consumidores a lo mejor eliminaban el impuesto de transmisiones patrimoniales que supone entre el 8 y el 10 por ciento del precio de compraventa, según las CC. AA.

Fuente: Expansión

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