Empresaris de Catalunya pide amparo al Defensor del Pueblo para que las empresas catalanas no tengan que entregar datos fiscales y de la S.S. de sus trabajadores a la agencia tributaria de la Generalitat

Ante la inminente aprobación de las denominadas Leyes de Desconexión por parte del Parlament que pedirá a las empresas catalanas los datos del IRPF y la S.S. de los trabajadores, EC entrega al Defensor del Pueblo un documento de queja frente a las manifestaciones realizadas por el secretario de Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó dado que las empresas representadas por EC se sienten indefensas ante la voluntad manifiesta del gobierno catalán de romper con la Agencia Tributaria Estatal y vulnerar la ley de protección de datos (LOPD).

Representantes de Empresaris de Catalunya, organización empresarial que agrupa a más de 400 empresarios favorables a que Catalunya forme parte de España y Europa, se ha reunido esta mañana con Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, para solicitarle que intervenga con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y las empresas frente a la pretensión del Parlament de aprobar las denominadas Leyes de Desconexión que incluyen la creación de una agencia tributaria catalana y que se consuma con la apertura de decenas de oficinas físicas que pretenden sustituir a la agencia tributaria estatal rompiendo el principio de caja única y que por lo tanto crearán confusión e indefensión jurídica.

Previo a esta reunión, José Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, David Garcia y José Luis Alegre, secretario general y vocal de esta organización, han presentado un documento a modo de queja en el registro del Defensor del Pueblo.

En este documento se denuncian diversas declaraciones por las que los empresarios de Cataluña se ven amenazados por la administración autonómica con la imposición de liquidaciones y sanciones si no proceden directa y abiertamente, a incumplir las leyes tributarias estatales y reclaman el amparo del defensor del Pueblo ante esta ilegítima intromisión de la administración autonómica catalana.

Concretamente la queja hace referencia a las palabras del secretario de Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó, sobre la vía para la obtención de una base de datos a través de un escenario con una Hacienda catalana enfrentada a la española pretendiendo cobrar impuestos de forma directa a las empresas catalanas vulnerando así cualquier legislación vigente tanto en materia competencial entre administraciones como de protección de datos y de índole fiscal.

Para José Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, “esta pretensión de la Generalitat de obligar a las empresas a entregar información fiscal tanto de los trabajadores como de las empresas a la administración autonómica, aunque no sea competente en esta materia, genera la indefensión de los trabajadores y de los administradores de las empresas catalanas que se pueden ver abocados a decidir entre incumplir la legalidad estatal y una nueva legalidad contraria a la vigente”.

Empresaris de Catalunya ya solicitado a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, que traslade y ponga en conocimiento de los Ministerios competentes dicha queja.

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