Investidura (¿fallida?) a la vista

El pasado 30 de abril publiqué una columna en este diario titulada ‘Sánchez gobernará en solitario’. Expuse que Sánchez no iba cambiar con 123 diputados la fórmula que tan buenos resultados le había dado cuando contaba con tan sólo 84. La ingenuidad de Iglesias al apoyar primero la moción de censura, convirtiendo a su rival en presidente, y avalar en segunda instancia los Presupuestos Generales a cambio de una foto en Moncloa, fueron agua de salvación para el sanchismo, al tiempo que agudizaba la descomposición del movimiento podemita, al que siempre me he referido como Podemos y sus divergencias, que no confluencias.

Transcurridos ya más de dos meses desde el 28-A, el presidente en funciones comunicaba desde Bruselas a la presidenta del Congreso que la sesión de investidura tendrá lugar por fin el próximo 22 de julio, casi tres meses después de la noche electoral. En caso de no lograr la confianza de la mayoría de la Cámara en los dos intentos de que dispondrá, por mayoría absoluta en el 23 de julio y por mayoría simple en un plazo de 48 horas, una situación nada improbable a la vista de la fragmentación de la Cámara, empezaría a correr el plazo de dos meses que la Constitución contempla para tramitar otras propuestas que, en caso de ser igualmente rechazadas, obligarían al Rey a disolver las Cámaras y a convocar nuevas elecciones, las cuartas en menos de cuatro años. Lo peor de este escenario es que la celebración de nuevos comicios no garantiza tampoco que salgamos de la inestabilidad política en que España está sumida desde diciembre de 2015. La aparición de nuevos partidos y la fragmentación del voto (y esta fragmentación sería incluso mayor con un sistema electoral más proporcional) han acabado produciendo gobiernos débiles poco dispuestos a afrontar de cara los problemas sociales y los retos económicos.

La continuidad de Rajoy al frente del Gobierno desde 2015 hasta la moción de censura el 1 de junio de 2018, y el alivio que supuso el rechazo de los PGE 2019 –prometían más gasto, más impuestos y más déficit– presentados por Sánchez-Iglesias, han permitido atenuar los efectos adversos de la inestabilidad política sobre la economía española. Ahora bien, en caso de mantenerse o agravarse esta inestabilidad en los próximos meses, la confianza de los inversores y las empresas podría verse minada y el ritmo de crecimiento desacelerarse más de lo ya previsto.

El Gobierno en funciones no parece ser consciente de la delicada situación de la economía y en la Actualización del Programa Presupuestario 2019-2022 enviado a Bruselas pospone los ajustes más fuertes de la ratio déficit público/PIB (2,5% en 2018) a 2020 (9 décimas) y 2021 (7 décimas), y retrasa la consecución del equilibrio presupuestario hasta un lejanísimo 2022. A este respecto, conviene recordar que el Banco de España eleva en sus proyecciones de junio nada menos que 7 décimas la muy optimista previsión de la ratio déficit/PIB del Gobierno (1,1%) para 2020. Con una ratio de deuda Pública que ha crecido 1,6 puntos porcentuales hasta alcanzar 98,7% del PIB en el primer trimestre de 2019, se puede afirmar que el Gobierno de Sánchez está jugando con fuego.

Estos días hemos escuchado bastantes voces, no sólo desde el propio Gobierno en funciones, llamando a la responsabilidad del resto de partidos políticos para que faciliten la investidura de Sánchez. Entre los partidos que ya han mostrado su disposición a abstenerse a cambio de diálogo se encuentra ERC, cuyo líder Junqueras fue organizador y protagonista principal del proceso insurreccional por el que ha sido juzgado en el Tribunal Supremo. Junto a ERC encontramos a Bildu, que quiere alcanzar un acuerdo con ERC para evitar el bloqueo, aunque descarta darle a Sánchez ‘un cheque en blanco’. Este apoyo rufianesco despide aromas de benevolencia hacia grupos fascistas (no precisamente de militantes de Vox) que campean en el País Vasco, a promesas de traslados o excarcelaciones de terroristas condenados, a indultos a golpistas que se jactan, incluso antes de ser sentenciados, de que volverán a hacerlo, etc.

Ninguna de estas presumibles concesiones a golpistas y terroristas preocupa lo más mínimo al locuaz Iglesias, empecinado ahora en hacer valer el apoyo de sus menguadas fuerzas (42 diputados), tras haber desperdiciado la oportunidad de hacerlo cuando en la pasada legislatura la formación morada con 72 y se codeaba en el hemiciclo con un empequeñecido PSOEPSC que con 84 diputados había obtenido los peores resultados desde la Transición. Iglesias, consciente de que prestar de nuevo apoyo parlamentario a otro gobierno monocolor de Sánchez sería equivalente a firmar su propia sentencia política y a devolver a la formación morada a la marginalidad, exige a Sánchez formar un Gobierno de coalición para otorgar a su formación cierta visibilidad e intentar reavivar sus cada vez más menguadas expectativas electorales.

Ciudadanos está sometido también a fuertes presiones ejercidas tanto por relevantes miembros de su propia formación como por algunos ilustres firmantes del Manifiesto que dio origen al partido. Rivera y su equipo no se han caracterizado precisamente por la consistencia y la fidelidad a los principios desde 2006. Cometieron, además, graves errores tras su entrada en el Parlament en noviembre de 2006 que a punto estuvieron de descarrilar el tren en las elecciones autonómicas de 2010. No han sido ni mucho menos los únicos errores de bulto.

La negativa de Rivera a apoyar el artículo 155 en septiembre de 2017 y la exigencia a Rajoy de que convocara elecciones autonómicas en Cataluña una vez aplicado han dejado muy maltrecha la credibilidad del partido. Más recientemente, la marcha de Arrimadas a Madrid y la elección de Valls como candidato a la alcaldía de Barcelona son otros dos errores que pasarán factura a la formación naranja en Cataluña. Ahora bien, el mayor error que este Ciudadanos ahora de corte liberal podría cometer es permitir a Sánchez ser investido con el apoyo siquiera tácito (abstención) de sus 57 diputados.

Y la principal razón que invoco es bastante contundente: la estabilidad política deseable para afrontar los retos políticos y económicos que España tendrá que afrontar en los próximos años requeriría formar un gobierno de coalición, un escenario que al menos de momento no entra en los planes de Sánchez (ya veremos qué ocurre el 24 de julio si fracasa en el intento). Rivera hace bien en resistirse a facilitar la investidura de un Gobierno monocolor de Sánchez, como hizo el ingenuo Iglesias. En política, sería un gobierno que continuaría alimentando la confrontación espuria entre españoles y haciendo concesiones a las Comunidades gobernadas por partidos nacionalistas y secesionistas.

Y en el ámbito económico, el doctor Sánchez nos ha dejado ya muestras incontestables de su inclinación a poner la política económica al servicio de los intereses electorales de su partido, en lugar de afrontar con seriedad los retos que tiene planteada la economía española a medio y largo plazo. Así que si no es posible un gobierno de coalición razonable, la mejor salida es convocar elecciones generales en noviembre.


Fuente: Expansión

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