Investidura Pedro Sánchez: Inquietante programa económico

La idea central que subyace en el programa PSOE-Podemos es que fortaleciendo los derechos de los trabajadores y derogando la reforma laboral, además de subir salarios e impuestos se creará empleo. Así de fácil.

La alarma provocada por los acuerdos firmados por el PSOE de Sánchez con Podemos y el PSC de Iceta con ERC -dejando muy claro que el PSOE abandona a los constitucionalistas en Cataluña- han dominado el debate de investidura.

La decisión del líder de Teruel existe de apoyar al candidato a cambio de unas vagas promesas había restado cualquier interés a dos sesiones en las que Sánchez, el presidente más mentiroso de la democracia española, defendió sin pudor alguno su pacto con Podemos y sus gratuitas concesiones a los independentistas de ERC, algo que Rufián se encargó oportunamente de recordarle en el hemiciclo. A pesar de su trascendencia, nada se habló sobre el programa supuestamente “progresista” que desplegarán el tándem Sánchez-Iglesias.

Las líneas maestras del programa expuestas en el documento Coalición Progresista, que contemplan un nuevo acuerdo para España, idéntico en extensión y similar en contenidos al acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias en octubre de 2018, no invitan al optimismo. Dudo mucho que se convierta en “un referente de la protección de los derechos sociales en Europa”, como se afirma pretenciosamente en el primer párrafo, y considero en cambio altamente probable que frene el crecimiento y la creación de empleo, y refuerce la desconfianza de los inversores en la economía española.

El índice de las once secciones en que se subdivide más parece hecho para contentar a grupos de presión y colectivos con peso electoral específico (sindicatos, pensionistas, empleados públicos, autónomos, parados, etc.) que para revertir la desaceleración y corregir los desequilibrios de la economía. Por razones de espacio, me centraré en los aspectos más estrictamente económicos.

Consolidar el crecimiento

El crecimiento de nuestra economía viene desacelerándose por diversas razones, entre ellas la inestabilidad política en que vive inmersa la sociedad española desde 2016, cuando Puigdemont fue elegido presidente del gobierno de la Generalitat con apoyo de ERC y la CUP. Desde el robusto crecimiento del PIB alcanzado en 2015, 3,8%, la economía ha ido perdiendo gas gradualmente: creció un 3% en 2016 y un 2,9% en 2017, pero empeoró sensiblemente tras la moción de censura contra Rajoy, creciendo en 2018 y 2019 un 2,4% y un 1,9%, respectivamente.

Revertir la desaceleración de la economía requiere estabilidad política, desde luego, pero sobre todo confianza en la determinación del gobierno para atajar el proceso insurreccional en Cataluña e implementar una política presupuestaria que estimule la inversión, mejore la competitividad de las empresas y reduzca de manera decidida el peso de la deuda pública antes de que termine la actual fase expansiva. No es precisamente lo que aporta el programa del futuro gobierno.

La primera sección, titulada Consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad, se limita a presentar diversas iniciativas legislativas que revelan un notable desconocimiento del funcionamiento de una economía de mercado en un mundo globalizado, donde las empresas están obligadas a competir y a ofrecer capacidad de adaptación y rentabilidad para subsistir.

El documento ni analiza las causas de la desaceleración de la economía española ni propone, por consiguiente, medidas dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas y a fortalecer su proyección en el exterior.

Con fuerte reminiscencias de políticas autárquicas, la mayoría de los 16 epígrafes de esta sección se limitan a enumerar iniciativas legislativas dirigidas a reforzar derechos laborales y a aumentar los salarios y las prestaciones a los desempleados.

Industria, comercio, turismo e internacionalización de la empresa

Si decepcionante es la sección dedicada a consolidar el crecimiento, no quedan a la zaga las secciones 4 y 9, tituladas Industria, Pymes, Autónomos/as y sector Primario y Justicia Social y Equilibrio Presupuestario, respectivamente. Resulta llamativo que pese a encabezarla la palabra Industria, ni se examine la delicada situación de la industria española ni cómo puede verse afectada por las medidas sociales incluidas en el resto del programa.

Se dedican varias páginas cargadas con frases altisonantes a exponer el compromiso con la revolución digital, y apenas dos líneas (4.6) al “Plan de Dinamización del Comercio Minorista”, 4 líneas (4.5) al “Plan de Acción para la Internacionalización 2020-2021”, otras 4 líneas (4.9) al “Plan de Desarrollo Industrial” y tres líneas a “Estrategia de Turismo Sostenible 2030”, sectores todos ellos que, como habrá reparado el lector, carecen de importancia para la economía española.

Me temo que podríamos aplicarle aquellas palabras del doctor machadiano en Proverbios y Cantares: “el vacío es más bien en la cabeza”.

Justicia social y equilibrio presupuestario

El orden sí altera el producto: la justicia social -aumentar el gasto social en castellano paladino- resulta más prioritario para este gobierno populista que equilibrar las cuentas de las Administraciones Públicas, y reducir el peso de la deuda.

El gobierno, se afirma al inicio de la sección 10, “impulsará políticas sociales y nuevos derechos… gracias a un mejor uso de los recursos públicos, a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”.

Toda la sección 10 rezuma desconfianza en la iniciativa privada y una aversión patológica hacia a las empresas y entidades financieras, especialmente a las de mayor dimensión en términos de empleo y proyección exterior, una actitud que puede costar muy caro, no a los ministros y a su pléyade de asesores, sino a los trabajadores ocupados y parados, autónomos incluidos.

Impulsar políticas sociales y nuevos derechos cuando las cuentas públicas han registrado déficits en 22 de los 25 años transcurridos desde 1995 hasta 2019 es un auténtico disparate. Y lo es más fiar la cuadratura de las cuentas a la lucha contra el fraude fiscal (10.1), al aumento del impuesto de sociedades que hará menos atractiva la inversión en España (10.2) y a la creación de un nuevo impuesto sobre entidades financieras que no pasan precisamente por su mejor momento (10.3).

Existen numerosos estudios rigurosos que indican que la vía más dañina de reducir el déficit público es subir impuestos, justo lo contrario de lo que propugna este programa estatalizador, diseñado por personas que no han creado un solo empleo y se empecinan en castigar a quienes lo han hecho.

No quiero terminar sin mencionar otras propuestas que tendrán efectos asimismo contraproducentes. Primera, resulta disparatado asumir el compromiso de revalorizar las pensiones con el IPC cuando el gasto en pensiones crece por encima de PIB, y la Seguridad Social, pese al aumento del número de afiliados, ha incurrido en un agujero superior a 18.000 millones en los últimos años.

Segunda, subir el SMI hasta el 60% del salario medio, aunque pueda parecer una propuesta atractiva, impulsará al alza todos los salarios y reducirá la competitividad de las empresas y el número de puestos de trabajo. Tercero, apostar por la fiscalidad verde con independencia de lo que hagan las economías que más polucionan (Estados Unidos y China) quizá nos sitúe a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, pero nos colocará a la cola en creación de empleo y hay todavía 3,2 millones de parados en España.

Por último, como profesor universitario considero que convertir las becas en un derecho subjetivo desmotivará a los buenos estudiantes.

En conclusión

La idea central que subyace en el programa de gobierno PSOE-Podemos es que fortaleciendo los derechos de los trabajadores y derogando la reforma laboral de 2012, subiendo los salarios y creando nuevos derechos e impuestos se creará no sólo empleo sino empleo de calidad. Así de fácil. Lo mejor que puede sucedernos, como ocurrió con los PGE de 2019, es que las disensiones internas y las inasumibles exigencias de los independentistas nos aboquen a nuevas elecciones pronto.

Fuente: Expansión

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