La ANC incendia (por segunda vez) Cataluña

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de noviembre de 2019.

La situación política de Cataluña ha empeorado considerablemente durante las últimas semanas. Las movilizaciones convocadas por las organizaciones independentistas ANC y Òmnium han servido de paraguas a los ataques violentos perpetrados por grupos más radicalizados (CDRsTsunami Democràtico, Arran, etc.) contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), desplegados para mantener el orden público y asegurar la operatividad de instalaciones vitales para la economía, como la AP-7, la A-II y la N-340, la red de cercanías, el aeropuerto Josep Tarradellas, la estación de Sants o el paso fronterizo en La Junquera. Decenas de miembros de las FCSE fueron hospitalizados a resultas de las agresiones sufridas, algunos de gravedad.

Los daños contabilizados por el Ayuntamiento de Barcelona en equipamientos urbanos ascendieron a 3,1 millones de euros. A ellos habría que sumar, el coste del despliegue de los diversos cuerpos policiales, los gastos hospitalarios y las bajas laborales, las horas perdidas de trabajo y todos los daños causados a ciudadanos de a pie, a comerciantes, a transportistas, a empresas y entidades financieras, etc. Y a ellos hay que añadir otro de naturaleza más intangible: el deterioro de la imagen de Barcelona, como centro turístico y de convenciones internacionales, y de Cataluña, como destino de la inversión extranjera. Una borrachera de violencia, reminiscente de los peores episodios vividos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XX, que amenaza con paralizar la ya debilitada economía catalana y el Estado ha de atajar con firmeza.

La excusa

La excusa, en esta ocasión, fue la publicación el pasado 14 de octubre de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a algunos de los principales responsables del proceso insurreccional que ellos mismos habían iniciado y protagonizado. Aprobaron, en primer lugar, la ‘ley del referéndum de autodeterminación’ y la ‘ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’ los días 6 y 8 de septiembre de 2017; convocaron y celebraron una consulta ilegal el 1 de octubre de 2017, ignorando las repetidas advertencias del Tribunal Constitucional; y concluyeron aprobando una resolución en el Parlament el 27 de octubre en la que afirmaban: “constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano”,  “disponemos la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, y ponemos “en conocimiento de las autoridades de la UE la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español”. No importa que el juicio a los principales responsables del proceso se televisara y los presuntos delincuentes gozaran de todas las garantías procesales: Torra, Aragonés y el resto del actual gobierno de la Generalitat, con la colaboración de los medios públicos y subvencionados de comunicación y asociaciones como ANC, Òmnium, AMI, etc. ya se habían encargado de martillear los oídos de los catalanes durante dos años con un mensaje inapelable: los políticos juzgados son inocentes, presos políticos, por tanto, y la única sentencia justa es su absolución.

A nadie puede extrañar que de este caldo abiertamente insurreccional, cocido a fuego lento desde las máximas instancias del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, decenas de miles de manifestantes convocados por ANCÒmnium, AMICSC-intersindical, etc., hayan salido a la calle a exigir la liberación de los políticos presos y a reivindicar la república proclamada por sus líderes. Ni tampoco que hayan emergido de las entretelas de los partidos y asociaciones  independentistas grupos (CDRs, Tsunami Democrátic, etc.) dispuestos a enfrentarse a los cuerpos policiales y a convertir las calles y plazas de Cataluña en pasto de las llamas. Mientras aparecían informaciones en prensa que arrojaban dudas sobre la continuidad de Barcelona como sede del Mobile World Congress –un evento que aporta más de 470 millones–, a causa de la inseguridad creada por los últimos acontecimientos, Palazui, actual presidenta de la ANC, se congratulaba de que la violencia al visibilizar el conflicto mantenía vivo el interés de los medios de comunicación extranjeros. No me sorprende que Palazui haya sido tachada de pirómana.

La ANC, principalísima inductora

La ANC no es una asociación cívica al uso, comprometida con la defensa de derechos fundamentales o cualquier otro fin lícito, sino una organización constituida en 2012 con un único objetivo fundacional y operacional: “promover las condiciones políticas y sociales necesarias para alcanzar y constituir el estado catalán propio, independiente, de derecho social y democrático”. Para conseguirlo, la ANC pretende aglutinar a todas las personas, grupos, entidades y partidos políticos con objetivos afines y promover todas las iniciativas orientadas a lograr la independencia. Estamos, pues, ante una asociación cuyo solo objetivo, constituir un estado propio e independiente, contraviene el art. 2 de la  Constitución Española y el art. 1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por lo que  según nuestro Código Penal sus dirigentes podrían incurrir en delito de rebelión  (Arts. 472-484), en caso de alzarse de manera pública y violenta para conseguir su objetivo, o bien en delito de sedición, en caso de hacerlo de manera pública y tumultuaria (Arts. 544-549). A nadie debería sorprenderle que Sánchez, haya sido precisamente juzgado y condenado a 9 años por sedición al intentar hacer realidad el fin de la asociación por él presidida.

El proceso insurreccional que se ha desarrollado en Cataluña en los últimos dos años no es fruto de erupciones espontáneas de malestar sino del intento deliberado de implementar el plan insurreccional esbozado en la hoja de ruta aprobada por la ANC pocas semanas antes de que se celebrara la consulta ilegal el 9-N de 2014, cuando Forcadell presidía la organización con  mano de hierro. El plan exponía como, una vez realizada la consulta, “la declaración de independencia tendría que ir seguida de actos de ejercicio de soberanía que, en la práctica, hagan visible un funcionamiento ordinario plenamente independiente… que se ha de concretar en el control de las grandes infraestructuras y fronteras, aeropuertos, seguridad pública, comunicaciones, etc.”. Asimismo, la ANC subrayaba la importancia de que a partir de ese momento todos los impuestos fueran recaudados por la agencia tributaria del nuevo estado.

Tanto el brote insurreccional vivido en otoño de 2017 como el más reciente y violento del pasado octubre fueron dos ensayos fallidos de hacer realidad la hoja de ruta de la ANC. La pregunta que muchos catalanes nos hacemos es si los actuales dirigentes de la ANC y otras organizaciones afines (ÒmiumAMI y CSC-intersindical), convocantes de las últimas movilizaciones, no se han alzado como sus predecesores “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Fiscales y jueces tendrán que decantar las responsabilidades de quienes, ignorando las leyes y con uso de la fuerza, ocasionaron estragos a propiedades de titularidad pública y privada, atacaron a miembros de los cuerpos policiales desplegados, y paralizaron vías de comunicación e  infraestructuras vitales. Y con la vista puesta ya en el futuro, a las nuevas Cortes competerá introducir cambios normativos para asegurar el mantenimiento del orden constitucional y para desarticular cualquier nuevo intento de insurrección en Cataluña. Nos jugamos mucho el 10-N.

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