«Las empresas incluyen cláusulas de escape en sus contratos»

foto-ec-10012017El presidente de Empresaris de Catalunya advierte de los perjuicios del ‘procés’ en la economía

El capital nacional y extranjero ve con recelo como Cataluña se ha sumido en el proceso soberanista y teme sus consecuencias. Este es el input que llega a la asociación Empresaris de Catalunya, el presidente de la cual, Josep Bou, advierte de que muchas de las empresas que deciden abrir nuevos negocios en Cataluña incluyen «una cláusula de escape» en sus contratos. En los últimos nueve meses la inversión extranjera ha caído un 50% «porque los inversores esperan a ver cómo acaba el tema del posible referéndum». «Esto, las que deciden venir, porque otras ya desisten y otras tantas han decidido salir de Cataluña», añade y lo cifra: desde 2012 se han deslocalizado 2.350 empresas, muchas de ellas a Madrid ».

Admite que «la menor presión impositiva que hay en la capital española tiene algo que ver en esta decisión» y que en Cataluña «hay un exceso de normativa para poder abrir actividades comerciales e industriales, pero eso es un agravio histórico». Las constructoras, las comerciales y las financieras son las compañías que en mayor número han desistido a arraigarse en el territorio catalán a la espera de ver qué pasa en septiembre, «pero seguro que no habrá referéndum, 2017 será el año del diálogo».

Para este empresario nacido en Vic, propietario del grupo de panaderías Bou, «no puede haber referéndum ni pactado o, en todo caso, debería votar toda España» e incluso «aprobar antes una reforma de la Constitución, aunque no hay –al menos que yo conozca– ninguna vigente en la que se contemple la autodestrucción de la propia Nación ». Mientras ve, «con desaprobación » como «al giro que ha hecho el PP en lugar de valorarlo se responde con negativas y actuaciones que dejan la democracia que ellos mismos defienden en muy mal lugar, cuando lo que tenemos que hacer es entendernos».

Cree Bou que «muchas personas, contrarias o no al soberanismo pero dudosas con el mismo, están viendo cómo la posición de Madrid está cambiando».

«He de admitir –añade Bou– que el artículo 8 de la Carta Magna española debería desarrollarse o concretarse porque genera confusión entre las competencias del Estado y las de la Generalitat», pero «en términos económicos España es probablemente uno de los países más descentralizados». «De facto somos un estado federal» y Cataluña «representa su 20% de PIB y de ello saca provecho», asegura el presidente de la asociación que aglutina a más de 400 empresarios.

El territorio catalán como el resto de comunidades tiene sus singularidades pero «España, como concepto, debe garantizar la igualdad entre ellos», considera Bou y expone que por este motivo rechaza la propuesta del gobierno catalán de plantear una negociación bilateral para solucionar el tema de la financiación autonómica. «Los catalanes, para decidir sobre su futuro, deberían tener información de qué va a pasar, las cifras económicas del supuesto país catalán, de lo que acarreará una separación, y saber que España nos está financiado, mientras nuestra deuda pública se ha triplicado hasta los más de 74.000 millones y hay déficit en la Seguridad Social». «Los políticos catalanes que defienden la desconexión de España lo único que hacen es desconectarse de la realidad y crear unas expectativas en una parte de la sociedad que dentro de pocos meses verán frustrados sus anhelos». «El nacionalismo está actuando de forma sectaria y nos está perjudicando a todos».

Cataluña no es la autonomía con más déficit fiscal, «por delante están Madrid y Baleares» y «que el conseller Junqueras no acudiera a la reunión de política fiscal y financiera o que el president Puigdemont insista en no asistir a la cumbre de presidentes autonómicos también es sectario porque se debe a toda la población, él representa a Cataluña, no al catalanismo».

Todo ello demuestra cómo de perverso es el procés que «no llegará a nada porque iremos a unas nuevas elecciones pero en el camino está desgastando la economía catalana, estamos perdiendo el tiempos y los recursos». Y, más peligroso, «escondiendo aspectos trascendentales como el contenido de la ley de transitoriedad jurídica». «¿Por qué la han guardado en un cajón –se pregunta Josep Bou– si lo que enarbolan es la defensa de la democracia?».

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