Por un gobierno de coalición

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de septiembre de 2019

En Economía hay pocas verdades incontestables pero muy pocos economistas se atreverían a cuestionar que la estabilidad política y la prudencia económica resultan ingredientes indispensables para crecer, para generar empleo y para aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. La experiencia del siglo XX indica que esa conjunción de factores se ha producido tanto en países gobernados por regímenes autoritarios o incluso dictaduras de partido único como en países con sistemas democráticos de gobierno muy dispares. El hecho innegable de que otras dictaduras y democracias hayan fracasado estrepitosamente en ese empeño demuestra que no disponemos de una fórmula mágica, y que el éxito depende, en última instancia, de la actitud de los líderes políticos y de la mayor o menor inclinación de los partidos mayoritarios a conformar gobiernos estables y a adoptar políticas económicas prudentes.

Historia reciente

Completada la Transición a la democracia en 1978 y lograda la incorporación de España a la CEE en 1986, España gozó de una notable estabilidad política y se pudieron acometer reformas económicas de calado que permitieron dejar atrás la década negra de 1976-1985. La alternancia al frente del Gobierno de partidos de centro-izquierda (PSOE, 1982-1996, 2004-2008) y centro-derecha (PP 1996-2004), resultó decisiva para retomar la senda de crecimiento iniciada bajo la dictadura de Franco a finales de los años 50. Los partidos con mayor representación en el Congreso obtuvieron mayorías absolutas o gobernaron, como González en 1993 o Aznar en 1996, con apoyos más simbólicos que efectivos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

En aquellos años, todas las fuerzas políticas, incluido el PCE y sus epígonos de IU, aceptaban el marco constitucional y sólo los terroristas vascos (ETA-Batasuna) y catalanes (Terra-Lliure) y el FRAP pretendían finiquitarlo recurriendo a la lucha armada. Fue un período doloroso en algunos aspectos, pero en el que a ningún político relevante se le ocurría atizar los endemoniados odios del pasado y mucho menos recurrir al dislate ahistórico de desenterrar a Franco para exaltar los ánimos de sus parroquianos más rencorosos. Otros asuntos algo más sustanciosos ocupaban la agenda de la ‘clase’ política en un tiempo en que los partidos todavía no se habían convertido en las descaradas agencias de colocación de personas afines, con demasiada frecuencia sin profesión conocida, en que se han ido convirtiendo con el paso de los años.

La estabilidad política y la prudencia económica empezaron a hacer aguas en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero (2004-2008) y la situación se agravó considerablemente durante la segunda (2008-2011), coincidiendo con las irresponsables políticas de los gobiernos tripartitos de la Generalidad de Cataluña que presidieron Maragall (2003-2006) y Montilla (2006-2010). Además de permitir al primero aprobar en el Parlament un proyecto de reforma del Estatut en 2005 que desbordaba y abolía nuestro marco constitucional y al segundo convocar a los catalanes a manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica en 2007 que en buena medida suponía un ajuste de cuentas espurio que abrió la espita por la que se escaparon los demonios del pasado. Por otra parte, la gestión de la recesión económica (2008-2009) y de la crisis financiera (2009-2011) de los gobiernos de Rodríguez Zapatero resultaron igualmente desastrosas y nos dejaron como legados una tasa de paro del 23 %, la quiebra de varias entidades financieras y un déficit y una deuda pública asfixiantes.

Qué hacer ahora

Al calor de la inestabilidad política y la imprudencia económica que caracterizaron las dos legislaturas de Zapatero se produjeron dos hechos que han modificado el panorama político español y cuyas consecuencias padecemos ahora. Por una parte, se puso en marcha un proceso de radicalización de los partidos nacionalistas catalanes que alentaron y financiaron desde las propias instituciones de autogobierno de Cataluña a organizaciones independentistas (como la ANC y la AMI) que han provocado una fractura política y social que tardará décadas en cerrarse. Por otra parte, provocó la aparición de nuevas formaciones políticas como Ciudadanos en Cataluña (2006) y Podemos en Madrid (2014) que al dar el salto a la política nacional y obtener representación en el Congreso han impedido la consecución de mayorías absolutas y obligado a los partidos mayoritarios a recabar su apoyo para poder formar gobierno.

Los tres acuerdos programáticos ensayados hasta ahora, entre PSOE y Ciudadanos y entre PP y Ciudadanos no han tenido buena fortuna. El primero, entre PSOE y Ciudadanos terminó con la investidura fallida de Sánchez en marzo de 2016; el segundo, se vino abajo tras la exitosa moción de censura a Rajoy, protagonizada por Sánchez con apoyo de Podemos en 2018; y el tercero, se vino abajo tras perder Sánchez la votación de los PGE en marzo de 2019. Con la fragmentación actual del Congreso tras las elecciones del 28-A, la única fórmula para constituir un gobierno estable y mantener una política económica prudente pasa por la formación de un gobierno de coalición  entre al menos dos de los tres partidos de centro: PSOE-PP, PSOE-Ciudadanos o PSOE-PP-Ciudadanos. Cualquiera de estas fórmulas proporcionaría mayor estabilidad y reflejaría mejor la realidad social y electoral de nuestro país que las otras dos alternativas posibles: un  gobierno de coalición ‘progresista’ entre PSOE y Unidas Podemos, como pretenden los ‘podemitas’, o un gobierno monocolor del PSOE con

respaldo programático de Podemos, como pretende Sánchez. En el primer caso, hay un peligro muy elevado de que España se trocee y de que la política económica se desboque con más gasto, más impuestos, más déficit y más deuda; y en el segundo de que se alargue la inestabilidad política y la incertidumbre económica en que estamos inmersos desde diciembre de 2015. A este respecto, conviene recordar que Rodríguez, líder de la corriente anticapitalista de Podemos en Andalucía, rechazaba hace unas semanas “entrar por la puerta de servicio en un gobierno… socioliberal” y apostaba por apoyar la investidura Sánchez para pasar inmediatamente a la oposición. Ninguna de estas dos alternativas parece aconsejable a la vista de la delicada situación económica en que están inmersas las economías mundial y europea.

Los problemas políticos y económicos de la sociedad española son bastante serios y si los  líderes políticos con mayor representación en el Congreso tuvieran altura de miras dejarían a un lado sus rivalidades de patio de colegio y se sentarían a negociar seriamente. Como economista, les pediría que consensuen medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y a cuadrar unas cuentas públicas que llevan demasiados años en números rojos. Favorecerán con ello a la mayoría de ciudadanos, tanto de izquierdas como de derechas. Sánchez, como presidente en funciones y secretario general del partido más votado en las últimas elecciones generales, es sobre quien recae la principal responsabilidad de evitar unas nuevas elecciones, y es quien debería llamar a Rivera y a Casado para explorar las posibilidades de formar un gobierno de coalición sólido y representativo. En el primer caso, ningún español entenderá que Sánchez se niegue a pactar con un partido con el que ya alcanzó un acuerdo programático de gobierno en el invierno de 2016. Y aunque alcanzar un acuerdo con Casado resultaría más arduo, sería un signo de madurez democrática que, como viene ocurriendo en Alemania, los dos partidos más votados formaran un gobierno de coalición. Si la Transición supuso un punto y aparte en la trágica historia de España, un acuerdo entre el centro-izquierda y el centro-derecha sería la confirmación de que la democracia española ha superado la pubertad.

Deixa un comentari

*

captcha *