Presupuestos populistas a la vista

El crónico déficit y el elevado endeudamiento son, junto con la inestabilidad política originada por la declaración de la república de Cataluña el pasado otoño, los tres problemas más acuciantes de la economía española.

En estas páginas, he expresado en varias ocasiones la urgencia de cerrar con superávits las cuentas públicas antes de que se agote la actual fase expansiva del ciclo. El proceso de consolidación fiscal se ha desarrollado con mayor lentitud de la deseable en los últimos años, y el triunfo de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa el pasado 1 de junio, con respaldo de Podemos y sus divergencias y de los partidos nacionalistas (PNV y Compromís) y secesionistas (ERC, PDeCAT y EH-Bildu), amenaza con interrumpirlo definitivamente, pese a las anunciadas subidas de impuestos.

Negociando con populistas y golpistas

Hasta hace unos meses, el candidato Sánchez repetía que el PSOE nunca pactaría con Podemos “ni antes ni durante ni después” de llegar al gobierno. Del populista Iglesias llegó a decir que la “mentira era su forma de hacer política” y alertó a los españoles de que el “final del populismo es la Venezuela de Chaves”. Lamento que Sánchez haya olvidado tan pronto sus propias palabras y haya aceptado los votos del “mentiroso” Iglesias, y de los nacionalistas vascos (PNV) y los golpistas catalanes (ERC y PDeCAT) para convertirse en presidente. No hacía falta ser un analista avezado para saber que con 84 diputados se puede alcanzar La Moncloa con un audaz golpe de mano, pero no gobernar. El pasado 27 de julio, Sánchez tuvo ocasión de constatarlo cuando el Congreso rechazó su propuesta de techo de gasto (revisado al alza) de los PGE de 2019 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno hasta 2021.

El mensaje que le trasladaron sus avalistas fue rotundo: Sánchez pactaste “antes” y tendrás que pactar “durante” si quieres tener un “después”. El golpista Puigdemont fue el más explícito y le aconsejó “hacer los deberes pendientes porque su período de gracia se acaba”. Para prorrogar siquiera unos meses su presidencia, Sánchez contempla dos posibles escenarios. Uno, prorrogar los presupuestos de Rajoy, aderezándolos con algunos decretos-leyes para aumentar el gasto. O bien puede presentar, como exige Iglesias, unos presupuesto ‘sociales’ que además del apoyo de Podemos conciten el del resto de fuerzas que apoyaron la moción de censura. El calendario de la ministra de Hacienda es presentarlos en noviembre y aprobarlos en febrero, con de meses de retraso. De momento, Montero ha abierto una mesa para negociar con los representantes de Podemos-IU-En Marea las propuestas que este grupo le presentó por escrito. Por otra parte, negocia con sigilo las concesiones políticas y económicas que le permitirán contar con los indispensables votos del PNV, ERC y PDeCAT.

Presupuestos populistas

No cabe duda de que el resultado de estas negociaciones tendrá importantes consecuencias para el bienestar de los españoles, especialmente si Sánchez asume las demandas populistas de aumentar el gasto y los impuestos y relajar el déficit público, como le exigen Podemos y sus divergencias. Se barajan subidas de tipos en el IRPF para las rentas superiores a 150.000€ –Podemos reclama subidas para todas las rentas superiores a 60.000€–, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre grandes sociedades, un tratamiento fiscal más duro para las Sicav, y nuevos impuestos sobre entidades financieras y empresas tecnológicas.

En un escenario donde todos los indicadores confirman la ralentización de la actividad y el empleo observada ya desde el último trimestre de 2017, el aumento del gasto público (más contrataciones, recuperación de las condiciones laborales, mayores subidas en pensiones, subidas de tipos de interés, etc.) podrían disparar el déficit en los próximos años . Las subidas anunciadas de impuestos podrían además frenar la entrada de capital extranjero y retraer la inversión productiva, circunstancias que podrían adentrarnos en una nueva recesión y provocar el desplome de la recaudación, como ya ocurrió en 2008-09. Una preocupación adicional es que con un ratio deuda/PIB cercano al 100%, ahora resultará bastante más difícil refinanciar la deuda.

Las cuentas de las Administraciones Públicas han arrojado déficit en 20 años de los 23 transcurridos entre 1995 y 2017, y la propuesta del PSOE desestimada por el Congreso contemplaba nuevos déficits para 2018 y los próximos tres años. Mi pronóstico es que para lograr el apoyo de Podemos a los PGE, Sánchez tendrá que aceptar crecimientos del gasto que  producirán déficits incluso mayores. Sánchez ha afirmado que no puede sostenerse un estado de bienestar de primera con una recaudación de segunda. Cierto. Pero, la cuestión no es qué estado de bienestar queremos –¡de primera, naturalmente!– sino que prestaciones podemos financiar sin hipotecar los presupuestos futuros acumulando más y más deuda y quedando a merced de cambios en el estado de ánimo de los inversores. A la vista de la cada vez más patente ralentización de la actividad y el empleo que apuntan todos los indicadores de coyuntura conocidos este verano, lo responsable sería equilibrar el presupuesto lo antes posible en lugar de aumentar el gasto con fines electoralistas y dejar la cuenta impagada. Afortunadamente, la pertenencia de España a la UE y a la Eurozona frenará algo la deriva populista y contendrá los riesgos de ‘venezolización’ de nuestra economía sobre los que nos alertaba el propio Sánchez.

En el terreno más político, la alianza Sánchez-Iglesias acentuará el intervencionismo y las interferencias partidistas en la prestación de servicios públicos, mientras que las concesiones a nacionalistas vascos (PNV) y secesionistas catalanes (ERC y PDeCAT) aumentarán la desigualdad entre españoles y socavarán la unidad de mercado. El penoso espectáculo al que hemos asistido en el relevo de la cúpula de la dirección de TVE este verano, ignorando los acuerdos alcanzados en el Congreso para aumentar la transparencia y primar la profesionalidad, resultan reveladores del marcado sesgo ideológico que el tándem Sánchez-Iglesias pretende imbuir a un ente financiado por todos. Que la circunstancia no sea novedosa no exime de denunciar lo que a todas luces constituye un comportamiento caciquil de ocupación de organismos y sociedades públicas por personas ideológicamente afines.

En cuanto a las negociaciones de Sánchez con los golpistas catalanes, hay afortunadamente también algunos límites que aquel no osará sobrepasar. La sala 61 del Tribunal Supremo ya ha rechazado la recusación contra varios miembros del Tribunal que juzgará a los golpistas y no cabe duda que el juicio se celebrará. ¿Qué puede ofrecerles Sánchez además de la promesa de indultar a quienes desafiando al Tribunal Constitucional, organizaron la consulta el 1-O y proclamaron la república? Más inversiones, más financiación extraordinaria y hasta la condonación parcial de la enorme deuda contraída desde 2012. Todo apunta a que contradiciendo la posición que expresó hace unos meses, Sánchez quiere ahora sacar a Cataluña del sistema general de financiación y ofrecer a Torra privilegios fiscales similares a los de El País Vasco, para que puedan explotar todas las oportunidades que comporta pertenecer a España y a la UE minimizando su aportación al sostenimiento del Estado. Unos lo llaman cupo, otros cara dura. Pero incluso más grave sería que Sánchez realice una consulta para blindar las competencias que la Generalitat empleó el pasado otoño para desplegar su plan insurreccional. La pérdida de credibilidad del Estado a nivel internacional sería enorme y elevaría varios grados la incertidumbre política y la desconfianza que ya pesa sobre la viabilidad de nuestra economía.


Fuente: Expansión

Deixa un comentari

*

captcha *