Sánchez, el único responsable

Artículo publicado en el diario Expansión el 18 de septiembre de 2019

Pese a las descalificaciones vertidas contra otros líderes políticos, resulta innegable que Sánchez ha sido el principal responsable de la inestabilidad que se ha enseñoreado de nuestra vida política desde diciembre de 2015, así como de que los españoles hayamos tenido que acudir  a votar en junio de 2016, en abril de 2019, y quizá de nuevo en noviembre de 2019. No me preocupa tanto el notable coste que ha tenido para las arcas públicas realizar varias convocatorias electorales innecesarias cuanto la parálisis institucional que se ha producido durante los consiguientes períodos de interinidad, y el deterioro que ello ha infligido a la imagen internacional de España. Ahora bien, si Sánchez sigue empeñado en excluir a los partidos moderados (Ciudadanos y PP) y la única vía para evitar elecciones pasa por alcanzar un acuerdo de investidura con Unidas Podemos, como exigen a Sánchez ERC, PNV, Compromís y Bildu, bienvenidas sean las elecciones.

Sectarismo inescrupuloso

Conviene recordar a este respecto que el presidente Rajoy sí tendió la mano a Sánchez pocas horas después de constatar tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que con 124 escaños el PP no podía gobernar. Su ofrecimiento de sentarse para explorar las posibilidades de formar un gobierno de coalición, o cerrar al menos un acuerdo programático, fue rechazado de plano por Sánchez, pese a haber obtenido el PSOE-PSC el peor resultado (90 diputados) desde 1978. Nos dejó claro el líder de un partido socialista en horas bajas que su intención no era aportar estabilidad al gobierno para sostener la expansión económica y dejar atrás las dos recesiones encadenadas (2008-2010 y 2010-2013) que habían padecido los españoles, sino protagonizar, con apoyo de Ciudadanos, la investidura fallida a que asistimos perplejos en marzo de 2016.

La actitud sectaria de Sánchez no se alteró tras su sonado fracaso y Rajoy se vio abocado a convocar nuevos comicios en junio de 2016. El PP aumentó a 137 el número de diputados, mientras que Sánchez-Iceta bajaban hasta 84 escaños. Pero ni siquiera este fracaso alteró la actitud sectaria de Sánchez (“No es que no”) y Rajoy hubo de contentarse finalmente con gobernar con una minoría precaria, con apoyo programático de Ciudadanos y el más bien circunstancial del PNV. Como quedó constatado en la moción de censura del 1 de junio de 2018, la intención de Sánchez era esperar agazapado la oportunidad de derribar el gobierno, contando para ello con el apoyo de los diputados de Podemos y sus divergencias y del PNV –siempre presto a cambiar de bando–, y algo que resultó inaudito y dejó perplejos a muchos ciudadanos: los diputados golpistas de ERC y PDeCAT que acababan de protagonizar un proceso insurreccional en Cataluña y los epígonos de ETA en El País Vasco. Aliándose con partidos políticos que manifiesta y abiertamente habían intentado acabar con el orden constitucional que ha proporcionado mayores dosis de libertad, concordia y prosperidad a los españoles, Sánchez disipó cualquier duda sobre su falta de escrúpulos para llegar al poder, y una vez al frente del Gobierno le hemos visto utilizar el BOE con fines descaradamente electoralistas.

La culpa no es de los otros

Los ciudadanos y sus representantes políticos deben conocer el pasado y extraer enseñanzas del mismo, pero han de tener siempre la mirada puesta en el futuro y no dejar nunca que el pasado los distraiga y les haga perder el rumbo. Ni Filesa ni Malesa, ni los Gal ni los Eres, ni Gürtel ni la Púnica, deberían servir de excusa a nuestros líderes políticos para no sentarse a buscar soluciones efectivas a una fragmentación del voto que impide a los partidos más votados (PSOE y PP) formar gobiernos estables para no añadir más incertidumbre a la que ya produce por sí mismo el incierto devenir político (tensiones en Oriente Medio) y económico (guerra comercial, Brexit, etc.). La actitud sectaria de Sánchez desde que accedió a la secretaria general del PSOE resulta incoherente con la realidad electoral española y la necesidad de afrontar los múltiples compromisos a que ha de hacer frente un España en la UE y en el mundo.

En el ámbito político, el Estado y los partidos constitucionalistas están obligados a confrontar el discurso de aquellos partidos implantados en algunas Comunidades que pretenden con subterfugios y apelaciones incongruentes a la democracia retrotraernos a tiempos en que los territorios gozaban de privilegios, una situación inaceptable en Estados modernos fundamentados sobre la noción de igualdad de todos los ciudadanos. Tampoco conviene tomar a broma el propósito manifestado por esos mismos partidos de alterar las fronteras de los Estados de la UE para recuperar territorios perdidos en guerras libradas en los siglos XVII y XVIII. Ningún demócrata a secas, e incluso con más razón quienes como Sánchez se consideran socialdemócratas, debería dar pábulo a partidos cuyo objetivo declarado es acabar con la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles mediante el establecimiento de privilegios para los habitantes de unas Comunidades en menoscabo del resto de españoles.

En el ámbito económico y gobierne quien gobierne, el Estado ha de pagar las pensiones y las prestaciones a los desempleados, abonar los intereses de la deuda, proporcionar recursos a Comunidades y Ayuntamientos, mejorar nuestro sistema educativo, establecer una política migratoria coherente con nuestra realidad laboral, proporcionar atención a los mayores, atender con eficiencia a los más desfavorecidos, lidiar con las catástrofes naturales, etc., etc. No niego que hay diferencias en la forma de abordar estas cuestiones entre las principales fuerzas políticas (PSOE-PSC, PP y Ciudadanos), pero las discrepancias son, en mi opinión, más cosméticas o de programa que sustantivas o efectivas. Ni los aumentos del gasto público que propugnan unos ni las bajadas de impuestos que propugnan otros son realistas o incluso deseables. Hay otras soluciones más sensatas y menos arriesgadas para afrontar la desaceleración económica y los retos de los próximos años.

El peor escenario de todos es, sin embargo, que Sánchez acabe formando un gobierno de coalición con Unidas Podemos. No me sorprende nada que el presidente en funciones desconfíe y recele de las intenciones de los líderes morados y se resista a hacerlos partícipes de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Que ésta opción sea precisamente la fórmula preferida por aquellos partidos que han dado sobradas muestras en el pasado reciente de su deslealtad a la Constitución y a la Corona debería ayudarle a descartarla definitivamente. La solución del rompecabezas no está en Galapagar sino en Génova y en Alcalá.

 

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