Titulitis: fraude y responsabilidad

Quisiera dedicar estas líneas a presentar algunas reflexiones y aclaraciones sobre la situación de la Universidad, un tema que ha recibido una atención considerable en los medios de comunicación durante los últimos meses y semanas a resultas de las presuntas irregularidades cometidas para obtener sus títulos por algunos destacados dirigentes políticos. El asunto en sí mismo no es nada novedoso ya que el fraude está presente en éste como en todos los ámbitos de la vida en sociedad, si bien el hecho de que los afectados hayan sido algunos políticos con mando en plaza (Cifuentes, presidenta de la CA de Madrid, Casado, actual presidente del PP, Montón, ministra de Sanidad, e incluso Sánchez, presidente del Gobierno de España) los ha convertido en comidilla de informativos y tertulias. Carnaza fácil para abrir noticieros y magazines con titulares escabrosos, para intentar desacreditar al adversario político, y hasta para poner en cuestión la integridad del sistema universitario en su conjunto. Claro que ahí está la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (¿?) para confortarnos con la certeza de que nuestro sistema universitario es “el mejor que hemos tenido” en nuestra historia y “equiparable en su eficacia y eficiencia a la mayoría de sistemas europeos”.

Proliferación de títulos

El primer hecho sobre el que quiero llamar la atención es  la escasa atención que han prestado quienes hoy se rasgan las vestiduras a la proliferación de títulos que han ido apareciendo, como setas en un lluvioso y cálido otoño en las Universidades españolas durante las dos últimas décadas. Incluso en muchas ocasiones lo han alabado como un indicador de aproximación a las necesidades del mercado laboral. Lo cierto es que por razones puramente mercantiles en unos casos o con el fin de justificar el elevado número de personal docente e investigador en otros, las autoridades universitarias han permitido que se multiplicara (innecesariamente) el número de grados, másteres y doctorados hasta límites inimaginables. Resulta casi imposible encontrar algún tema por nimio y abstruso que sea sobre el que algún catedrático, departamento o centro no haya puesto en marcha un máster. En ausencia de controles internos rigurosos y efectivos de la propia Universidad, o externos por parte de las Consejerías a las que el Estado ha transferido las competencias educativas, se posibilita que las asignaturas puedan aprobarse con la misma facilidad con la que un niño puede zamparse una tableta de chocolate, que puedan expedirse títulos sin ni siquiera asistir a clases o presentar los trabajos exigidos para acreditar el esfuerzo realizado, o incluso que se puedan fabricar ‘tesis’ por comandos de mercenarios tomando materiales prestados de aquí y allá, sin que quede muy clara la autoría ni la originalidad de la investigación.

La segunda circunstancia que llama poderosamente la atención es la propensión de los políticos a adornar su curriculum con titulaciones hueras de contenido, precisamente ahora que las titulaciones universitarias tienen un valor de mercado muy inferior al de hace tres o cuatro décadas, y los títulos obtenidos nada pueden añadir a sus conocimientos y habilidades innatas puesto que su apretada agenda y múltiples ocupaciones les impide dedicar siquiera unos minutos diarios a maquillar el fraude. Cualquier político que de veras aprecie el conocimiento  debería dedicar unos cuantos años a formarse antes de iniciar su vida pública, retirarse por así decirlo al desierto a fortalecer su Espíritu, como hizo Jesús antes de superar las tentaciones del Diablo. En los casos que han saltado a la prensa en los últimos meses, nos encontramos ante personas que casi desde su tierna adolescencia se han dedicado a la política en cuerpo y alma, y pretenden llenar su vacío formativo acumulando títulos de dudosa reputación. No puedo imaginarme a Amancio Ortega, o a la infinidad de empresarios menos conocidos que nunca cursaron estudios, intentando maquillar su formación para aparentar lo que no es.

Responsabilidades

En tercer lugar, quisiera dejar claro que los responsables últimos de estos tristes casos son los órganos rectores de las propias Universidades. Ningún departamento, instituto o centro, privado o público, debería poder ofrecer títulos sin que se haya examinado concienzudamente tanto la competencia del profesorado que lo imparte como los requerimientos exigidos a los alumnos para acceder y obtener el título, y se establezca un control de seguimiento del programa para evitar abusos como los que han salido a la luz. Títulos concedidos a personas que no han realizado ningún esfuerzo constituyen un fraude al resto de la comunidad universitaria y lo que es más importante a la sociedad a la que se pretende dar gato (¡pobres gatos, tan transparentes ellos!) por liebre. En la mano de las autoridades universitarias está el impedir que los títulos puedan expedirse como los certificados médicos que presentábamos antaño, sin mediar examen médico alguno, para formalizar un contrato de trabajo (¡desconozco si la práctica pasó a mejor vida!).

Quienes hemos pasado la mayor parte de nuestra vida en la Universidad sabemos que se producen fraudes en todos los niveles del sistema –desde exámenes rutinarios hasta en concursos para provisión de plazas–, casos que raramente salen a la luz o llegan a instancias judiciales. La tentación de copiar o amañar pruebas para alcanzar un fin (aprobar una asignatura, obtener un título o ganar una plaza) nunca podrá erradicarse completamente ni en la Universidad Camilo José Cela ni en Beijing ni en Harvard, pero la actitud general de estudiantes y profesores ante el fraude será muy distinta según la gravedad de las consecuencias que comporte. Poner un cero al alumno que copia en una prueba es muy distinto de expulsarle sin contemplaciones de la Universidad; plagiar el contenido de una tesis merece algo más que dimitir de un cargo. ¿Cuántos estudiantes han sido expulsados de un programa por copiar o plagiar en España? Me temo que muy pocos y la conclusión que deberíamos sacar no es precisamente que nuestros alumnos son modélicos. En todo caso, los principales responsables de detectar y castigar los fraudes académicos somos los propios profesores, departamentos, centros y órganos rectores, no los jueces a los que sólo llegarán muy pocos casos y sólo tomarán partido cuando constaten la existencia de vicios formales flagrantes.

Por último, quisiera romper una lanza en favor de la Universidad española y despejar algunas dudas absurdas que se han vertido estos días sobre la solvencia del sistema en su conjunto. Pese a que haya ‘profesores’, ‘doctores’ y ‘directores’ dispuestos a participar en el indecente negocio de expedir títulos inmerecidos a estudiantes etéreos, hay infinidad de auténticos profesores, doctores y directores que imparten sus asignaturas con dedicación y dirigen tesis con rigor, así como dignísimos estudiantes y doctorandos que dedican varios años de su vida a realizar cursos, superar exámenes, escribir ensayos y desarrollar una investigación original. A pesar de los llamativos casos de fraude que han llenado las portadas de los medios, el nivel de profesores y doctores y la calidad de las asignaturas, trabajos y tesis (tanto en términos absolutos como relativos) es muy superior al existente hace unas décadas. Y buena prueba de ello es que los profesores españoles publican regularmente en revistas internacionales y nacionales, sujetas a revisión anónima, un hecho insólito en la década de los 70 del siglo pasado. La manriqueña nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor es palmariamente falsa en este caso.

 

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