Torra: año nuevo, camisa vieja

Aprovechó el N.H. presidente Torra la festividad de Navidad para acercarse al cementerio de Montjuich a homenajear a Macià en el aniversario de la muerte del líder de ERC –golpista por partida doble: primero a la Monarquía y después a la República– y lanzar desde allí un nuevo desaire al Jefe del Estado y varias exigencias desaforadas al presidente del Gobierno. Al deseo expresado por Felipe VI en su discurso de Nochebuena de buscar el entendimiento y promover la convivencia en Cataluña, Torra le respondió que no existe tal problema sino de falta de democracia y justicia en España. Aprovechó también la ocasión para marcarle el paso a Sánchez, aireando tres de las veintiuna exigencias incluidas en el documento que le entregó en la reunión mantenida en Barcelona el pasado 21 de diciembre: ‘desfranquización’ de España y aislamiento del ‘fascismo’ y la ‘ultraderecha’; regeneración democrática y ética de la política; y creación una comisión internacional de mediación entre ambos gobiernos para ejercer el derecho de autodeterminación.

Gobiernos desleales, sociedad rota              

Cualquier ciudadano atento al devenir de la vida pública conoce lo que al parecer el presidente Torra ignora: que España es una democraciadesde hace 40 años, perfectamente homologable con cualquier otra, y Cataluña es hoy una sociedad fracturada donde la cordialidad y el respeto al prójimo brillan por su ausencia. En cuanto a los orígenes y desarrollo de la fractura política y social, su inicio puede fecharse el 14 de septiembre de 2009, cuando los gobiernos de Montilla y Zapatero permitieron celebrar en Arenys de Munt la primera consulta por la independencia; uno de los momentos álgidos del proceso de confrontación fue la primera consulta ilegal organizada por el gobierno de Mas (mientras Rajoy miraba hacia otro lado) el 9 de noviembre de 2014; y las tensiones adquirieron tintes de enfrentamiento abierto tras la elección de Forcadell como presidenta del Parlamento el 26 de octubre de 2015 y la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalidad el 12 de enero de 2016.

Porque sólo como fracturada puede calificarse una sociedad donde expresar tus legítimos puntos de vista puede acarrearte que tus compañeros de clase o trabajo, o incluso tus vecinos, te tachen inmediatamente de ‘provocador’, si no de ‘fascista’;  donde las asociaciones y los grupos organizados que promueven abiertamente la secesión de Cataluña reciben respaldo moral, cobertura mediática y hasta subvenciones de los representantes del Estado en Cataluña: el gobierno de la Generalidad, las Diputaciones y los Ayuntamientos; donde estas instituciones de autogobierno y otros organismos públicos (colegios, institutos, centros sanitarios, Universidades, orfeones y coros, organizaciones sindicales, etc.), en lugar de mantener la debida neutralidad ideológica, adoptan sin ningún recato posiciones partidistas que sólo representan a una parte de los ciudadanos que contribuimos a sostenerlas; donde representantes legítimamente elegidos en las urnas reciben amenazas y necesitan protección para desarrollar con normalidad su actividad política; donde las sedes de los partidos estigmatizados como ‘feixistes,’ o simplemente de ‘derechas’ por los dirigentes secesionistas son vandalizados impunemente por hordas ‘republicanas’; donde jueces y fiscales (y a veces sus familias) son hostigados y presionados hasta el punto de verse obligados a solicitar el traslado a otras Comunidades; donde más de 5.000 sociedades han decidido trasladar sus sedes fuera de Cataluña por causa de la inestabilidad política; y, en fin, un paraíso democrático donde las asociaciones secesionistas confeccionan ficheros de empresas desafectas al régimen.

Si alguien quiere una prueba de la quiebra de la convivencia en Cataluña, sólo tiene que volver la vista a la violencia, soterrada y desenfrenada, vivida el pasado 21 de diciembre, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Empecemos por reconocer que los portavoces de los partidos al frente del gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña, calificaron de provocación la iniciativa de Sánchez. Continuemos sopesando que para captar la instantánea de Sánchez  con sus Ministros esforzándose por aparentar normalidad, requirió desplegar a 9.000 policías y dejó decenas de heridos y detenidos. Y para terminar de valorar la gravedad de la situación, conviene tener presente que los ciudadanos normales, los jueces y los fiscales, los diputados y los concejales de los partidos constitucionalistas, a diferencia de Sánchez y sus Ministros, acuden cada día a su trabajo sin protección alguna.

Todos a Waterloo

La estrambótica exigencia de Torra de crear una comisión internacional de mediación para acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, bien podría tomarse en estas fechas como una pueril inocentada, de no ser porque Pedro está en plan de prometerlo todo con tal de asegurarse unos meses más en La Moncloa, y porque Torra acaba de convocar en su discurso de fin de año a sus huestes a “rebelarse ante la injusticia y hacer caer los muros de la opresión”. Monólogo quizá, Sr. Sánchez, pero monólogo que augura un 2019 no menos conflictivo que 2018 y 2017, y traslada a la opinión pública de todo el mundo acusaciones gravísimas que merecerían una respuesta contundente del Gobierno de España. ¿Está usted en condiciones de hacerlo?

Porque resulta vital reforzar la credibilidad de nuestro Estado de Derecho a pocos días del inicio del juicio que sentará en el banquillo a políticos y activistas acusados de alentar, organizar y ejecutar coordinadamente actos cuyo objetivo declarado era suspender la Constitución y el Estatuto, destituir al Rey de sus facultades y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. No hay razón alguna para sentirse acomplejado o incómodo y el Gobierno de España debería aprovechar esta ocasión para explicar en Barcelona, Ponferrada, Berlín, Washington y Pekín, las razones por las que estos ciudadanos están encarcelados o prófugos y van a ser juzgados con todas garantías. Incluso concediendo que “cumplieron con lo que [algunos] pedíamos”, ello ni los convierte en “inocentes”, como afirma Torra, ni los exime de responder de sus presuntos delitos.

Resulta patético que mientras el presidente y los consejeros de la Generalidad dedican la mayor parte de su tiempo e ingentes recursos a desacreditar al Estado, difundiendo a través los medios locales, nacionales e internacionales la especie de que en España hay políticos y activistas inocentes encarcelados o exiliados, Sánchez se avenga a reunirse con Torra y a poner en marcha comisiones bilaterales con los recaderos (Aragonés y Artadi) de los golpistas (Junqueras y Puigdemont), para facilitarles recursos en condiciones aún más ventajosas y hasta cederles nuevas competencias, cuando lo apropiado habría sido recordarles sus límites competenciales, acordar medidas con otros partidos constitucionalistas para impedir nuevas intentonas golpistas, y, en fin, extremar el control del gasto de la Generalidad para evitar que se destinen recursos a ámbitos ajenos a sus competencias, y puedan incluso llegar a los bolsillos de los prófugos ‘exiliados’ (y sus abogados) en Waterloo, Suiza y Escocia. Sánchez quedó rehén de los golpistas al auparse a La Moncloa con sus votos y ellos están aprovechando su debilidad para volar de nuevo.

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