Torra: incoherente usurpador

Las primeras declaraciones, decisiones y actos protagonizados por Torra tras su elección como presidente del gobierno de la Generalidad han confirmado su inequívoca voluntad de elevar la tensión social en Cataluña y reavivar la confrontación de la Generalidad con las instituciones centrales del Estado que caracterizó la presidencia de Puigdemont. Tal y como avanzó en sus discursos de investidura, los objetivos de su gobierno ‘provisional’ son restablecer las leyes de desconexión anuladas por el Tribunal Constitucional, movilizar a las bases de los partidos y asociaciones secesionistas y animarlas a tomar la calle (empoderar a la ciudadanía, fue el ampuloso término empleado), y retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó su mentor el 27 de octubre, cuando después de proclamar la república y aplicarse el artículo 155 se dio a la fuga. No me cabe duda que éste (o Estremera) será también el destino de Torra, si insiste en mantener su desafío al Estado.

Coherencia incoherente  

Varios gestos coherentes con ese plan de restitución han marcado los primeros días del mandato que el propio Torra ha calificado de ‘excepcional’. El primero, fue viajar a Berlín para reunirse con el cesado Puigdemont y dejar muy claro a Rajoy y a las autoridades de la UE quién es el ‘legítimo’ presidente de la Generalidad y quién su fiel secretario. El segundo, aprovechar el acto de toma de posesión de su cargo, reducido intencionadamente a su mínima expresión formal, para avisarque su única obligación de fidelidad es con el  ‘pueblo’ de Cataluña y el Parlament que lo representa, evitando hacer cualquier referencia de acatamiento a la Constitución y al Estatut. Por último, Torra se inclinó por desafiar a Rajoy incluyendo en su gobierno a dos exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Rull y Turull) y a otros dos exconsejeros prófugos (Comín y Puig), a fin de disipar cualquier duda sobre su intención de restituir el gobierno ‘legítimo’ cesado el 27-O. Y para demostrar su compromiso inequívoco con su designación, Torra se desplazó a la cárcel de Estremera para entrevistarse con Rull y Turull.

Estamos ante una política de aspavientos para la galería cuya pretendida coherencia esconde una incoherencia de partida que desactiva su pretendida radicalidad: el haber aceptado participar en unas elecciones que ellos mismos consideran ilegítimas. Si hubieran sido realmente coherentes con su propio relato, los líderes secesionistas se habrían negado a participar en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de España y habrían exigido la restitución del gobierno de Puigdemont. Incluso la fiera CUP cuyos líderes alardean de rechazar cualquier tentación autonomista y apostar por la desobediencia, se concurrió a las elecciones autonómicas del 21-D para preservar su principal fuente de ingresos: los sueldos de sus diputados en el Parlament. Tan cínicos como el mismo Torra, quien al aceptar concurrir a unas elecciones ilegítimas y prestarse luego a ser investido se convirtió en usurpador del ‘legítimo’ president en el ‘exilio’.

Efectos contraproducentes

Si Torra leyera estas líneas, quizá sonriera con ese aire de superioridad impostada del que hace gala al escuchar a sus adversarios en el Parlament, mientras decide donde encuadrarlos en su singular bestiario. Más allá de actitudes personales y poses tribales, hay un hecho objetivo incontestable: el ceremonial de confusión al que estamos asistiendo no busca restituir el gobierno de Puigdemont, una empresa imposible, sino meramente trasladar esa impresión a sus desconcertados votantes. Estamos ante una compleja operación de márquetin cuya verdadera finalidad es recuperar lo antes posible el control del presupuesto de la Generalitat para seguir inyectando desde las Consejerías, las Diputaciones y los Ayuntamientos la gasolina que sostiene el entramado administrativo-mediático-asociativo secesionista. Los puestos de trabajo y la adhesión fervorosa de decenas de miles de militantes e interesados afectos al régimen están en juego.

Desconozco si Torra, recién llegado a la alta política, es plenamente consciente del terremoto que ha provocado pero no tengo ninguna duda de que los líderes de ERC y de lo que queda de CDC (PDeCAT), más duchos en lidiar con ingresos y gastos, saben que de prolongarse el 155 resultará imposible mantener la ficción del gobierno en el exilio, continuar financiando el hipertrofiado aparato mediático de la Generalidad y las costosas campañas de propaganda y proselitismo que la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la AMC, y las organizaciones sindicales (CCOO, UGT,

USTEC, Intersindical-CSC, etc.) vienen desarrollando por todos los rincones de Cataluña desde hace una década. Los saldos de las cajas de resistencia han debido quedar algo tocados tras abonar las costosas facturas de abogados y las fianzas de los encausados, y el castillo de arena podría deshacerse en pocos meses si se interrumpe el flujo de dinero público. La elección de Torra como décimo (o séptimo) presidente de la Generalidad y la exacerbación de la política gestual quizá hayan confortado a los votantes más amarillos pero puede resultar perjudicial para la financiación del proceso.

Después del agitado período que acabó con la destitución del gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlament, el movimiento nacional-secesionista necesitaba una pausa. Lo inteligente habría sido aceptar el batacazo de octubre, olvidarse del patético Puigdemont, y situar al frente del gobierno de la Generalidad a un político más pragmático, dispuesto a llegar a acuerdos con Iceta y Domenech, dos catalanistas siempre prestos a tender puentes con los secesionistas. Iceta, por ejemplo, desaprueba la prisión preventiva de los golpistas y considera un simple ‘error’ los nombramientos de consejeros que no podrán ejercer sus cargos. En lugar de consensuar una salida con ellos para atrapar al Gobierno de España en sus redes, los secesionistas han optado por Torra y su descarnado proyecto de restitución. El candidato obtuvo los aplausos fervorosos de 65 diputados y también el rechazo sin paliativos de otros 65.

La elección de Torra y sus primeras decisiones han tenido consecuencias incluso más importantes en Las Cortes. A la vista del desafío planteado, PP, PSOE y Ciudadanos han aparcado sus diferencias sobre la estructura territorial del Estado y guardado sus propuestas de reforma constitucional. Mención especial merece, por lo novedosa, la firmeza mostrada por el secretario general del PSOE, refrendada por Robles, su portavoz en el Congreso, y Calvo, su secretaria de Igualdad. Sánchez apoya sin titubeos la decisión del Gobierno de impedir el nombramiento de políticos encarcelados o fugados y mantener vigente el artículo 155 entretanto no haya gobierno. El líder socialista tampoco ha descartado aplicar el artículo 155 reforzado, si Torra no rectifica. Pero, sin duda, lo más relevante de las últimas manifestaciones de Sánchez ha sido su propuesta de modificar el ordenamiento jurídico para exigir a cualquier electo acatar el orden constitucional al tomar posesión del cargo.

Los políticos, como el resto de ciudadanos, pueden ser liberales o marxistas, monárquicos o republicanos. Lo que no pueden hacer es saltarse la Constitución y el ordenamiento jurídico invocando, como hacen Torra y la CUP, la ‘legitimidad popular’ expresada el 1-O. La fórmula empleada al tomar posesión del cargo de presidente de la CA de Cataluña resulta inadmisible en un Estado democrático, y el Gobierno debería haberle exigido acatamiento expreso a la Constitución antes de haber publicado su nombramiento. No se hizo con Puigdemont y así nos ha ido. Lástima que este acercamiento táctico entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso llegue algo tarde y no sea el inicio de una fructífera relación que podría haber facilitado aprobar los PGE sin contraer gravosas hipotecas con el PNV. Me temo que no estamos a tiempo.

Fuente: Expansión

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